La crisis financiera mundial tiene responsables concretos y conocidos. Y aún están pendientes las medidas que pongan un precio a esa responsabilidad. También están pendientes las decisiones que permitan transformar el mercado financiero y el actual modelo de desarrollo en un sistema más equitativo, justo, sostenible y humano, y que impidan que los mismos responsables vuelvan a actuar impunemente.

Pero mientras tanto, esta crisis ya se está cobrando víctimas. No víctimas simbólicas. Víctimas con nombres y apellidos, más de 1.020 millones de personas entre las poblaciones más vulnerables del planeta, principalmente en países y zonas muy distantes del parqué de las bolsas y de las sedes de los grandes bancos e instituciones financieras. También en nuestras calles, pero afectando siempre a los más vulnerables.

Es inadmisible, y éticamente reprobable, que las medidas para luchar contra la crisis financiera se dirijan en contra del Desarrollo Humano y de los Objetivos del Milenio. Por principios y por coherencia. Por principios como la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con los más débiles. Por coherencia con todos los compromisos firmados, internacionales, nacionales y locales, por nuestros gobernantes y políticos, empezando por la Declaración del Milenio, siguiendo por el Pacto de Estado contra la Pobreza y terminando con los pactos y compromisos de las administraciones autonómicas y locales. El incumplimiento de los compromisos firmados en nombre de la ciudadanía y comprometidos con la sociedad no constituyen el mejor activo para un representante político.

La Ayuda Oficial al Desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad vital para millones de personas, es un imperativo ético y moral que responde a criterios de justicia, además de constituir un compromiso firmado y una obligación de los poderes públicos. Detrás no hay estadísticas, ni porcentajes... Hay pueblos, comunidades, sociedades, personas, alimentos, pozos de agua, escuelas, medicamentos, centros de salud...



La sociedad española ha expresado reiteradamente su compromiso solidario con los más necesitados y ha de respetarse esa voluntad manifiesta. Y, de manera significativa, ha expresado su rechazo a la medida de recorte de la ayuda a los países más empobrecidos.

Pedimos a nuestros representantes políticos que tomen conciencia. Que tomen conciencia de sus actos. Y de sus consecuencias. Que no actúen desde la presión cortoplacista de los mercados. Que lo hagan desde la responsabilidad moral de tener en sus manos el destino de cientos de miles de personas. Aunque éstos no tengan posibilidad de votarles en las próximas elecciones, millones de ciudadanos sí podrán hacerlo y exigirán principios y coherencia.

Las organizaciones y ciudadanía abajo firmante realizan un llamamiento a los líderes políticos y de gobierno de las administraciones e instituciones públicas para que:

1 Impulsen medidas de lucha contra la crisis que se dirijan prioritariamente hacia los responsables y causantes de la misma mediante la creación de una tasa a las transacciones financieras, medidas fiscales que recaigan sobre quien más tiene y recortes que no actúen contra el gasto social y la economía productiva.

2 Reiteren su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos del Milenio, manteniendo sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo tanto a nivel estatal como en las administraciones autonómicas y locales en las que la participación y vinculación de la sociedad civil con la cooperación al desarrollo es aún más cercana y directa.

3 Y a aquellos de nuestros gobernantes y políticos -en el estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- que han anunciado medidas de recorte en este sentido les pedimos que tomen conciencia de sus actos. Y de sus consecuencias. Y rectifiquen.

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