El anteproyecto de Ley de Cooperación llega al Consejo de Ministros y Ministras en un contexto mundial en el que es crucial apostar por una política pública que esté a la altura de los retos actuales.
Es el momento de afianzar las cuestiones positivas de este anteproyecto, pero sobre todo de asegurar que las que no han sido contempladas estén incluidas en la futura ley que se apruebe.
La Coordinadora, en consenso con otros actores sociales, ha realizado propuestas para garantizar que la nueva Ley de Cooperación sea feminista, ecologista y garantice la coherencia de políticas; una cooperación que fomente la democracia y la participacion ciudadana y se comprometa con el 0,7%.
Por primera vez en 20 años, la cooperación vive una reforma. El anteproyecto de Ley llega al Consejo de Ministros y de ahí pasará a las Cámaras. El contenido de la futura ley será determinante para conseguir un sistema de cooperación a la altura de los desafíos globales.
La propuesta menciona la complejidad de las crisis que vivimos, pero la apuesta por un nuevo paradigma transformador de desarrollo sostenible, justicia global y derechos humanos es limitada. El momento actual exige una legislación que garantice el enfoque feminista y ecologista, que apueste por promover el espacio cívico y democrático y la cultura de paz, que refuerce su rol e impacto en la protección y promoción efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia, que fomente una ciudadanía comprometida con sus barrios y con el planeta. Es necesario que el anteproyecto concrete de manera clara estas cuestiones.
El anteproyecto sienta las bases para promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, así como su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, es imposible llevar esto a la práctica sin un análisis del impacto de las políticas públicas a nivel global. Es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandato concreto al respecto y recursos suficientes para dar cuenta de tal tarea.
El compromiso del 0,7%
La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas sin que ese compromiso se haya cumplido, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones.
También es necesario destinar el 3% de los recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo a la educación para la ciudadanía global. La implicación de la sociedad civil como parte relevante de la cooperación es fundamental para garantizar una propuesta realmente transformadora.
El rol destacado de las ONGD de Desarrollo
En este ámbito, el papel de las ONG de Desarrollo es determinante, tal como reconocía recientemente el CAD. La Ley reconoce ese rol, pero debe ir más allá y fomentar entornos que lo promuevan; es una oportunidad para definir claramente cuál es el aporte específico de las ONGD y de la sociedad civil.También es necesario que abra la puerta a incentivar las donaciones privadas a la cooperación internacional.
En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida y no se pierda la oportunidad de construir un modelo que pase de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad.
El anteproyecto de Ley supone un importante avance en comparación con la Ley de 1998, ya que incluye la promoción de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud como un objetivo pleno y un eje de actuación transversal de la Cooperación Española.
En la fase de tramitación parlamentaria se podrán detallar conceptos, de manera que se apueste por sectores clave para la infancia, como la educación, la salud, la protección y la reducción de la pobreza. También podrá reforzarse el enfoque de género de modo que se reconozca a niños, niñas y jóvenes como actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, el medioambiente, la igualdad y la justicia global.
Cuestiones pendientes y oportunidades
Existen algunas cuestiones que deben ser abordadas para garantizar una cooperación del S.XXI. La reforma del estatuto de la AECID, la cooperación financiera, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones, son algunos asuntos que se pretenden desarrollar en reglamentos específicos. La participación de la sociedad civil debe ser asegurada tanto en el diálogo previo a los respectivos reglamentos, como en los diferentes órganos (AECID, Consejo Superior) e instrumentos (cooperación financiera).
Es vital simplificar la burocracia y aligerar procesos. Todos los actores del sistema, y, por tanto, la política de cooperación en su conjunto, mejorarían su impacto. La Ley General de Subvenciones debe ser reformada para garantizar la mayor efectividad posible en los procesos.
En relación a la cooperación financiera (aquella que fomenta el desarrollo a través de inversiones o transferencias), debe ser integrada en el conjunto del sistema de cooperación en sus objetivos, estándares y formas de operar. Eso ha de ser asegurado de forma especial en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos, la protección del medioambiente y la transparencia.
El momento para realizar estas modificaciones es ahora. La propuesta que llegue al Congreso debe incluir cuestiones que son fundamentales para garantizar una cooperación que responda las múltiples crisis que afectan a millones de personas en todo el mundo.