Gijón ha acogido, del 3 al 5 de octubre, el XIX Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo. En su declaración final, las coordinadoras defienden «una apuesta por la solidaridad entre los pueblos como seña de identidad».
La declaración dice lo siguiente:
2024 está siendo sin duda un año convulso, un año que a nivel internacional ha visto copadas las portadas de los medios por la guerra y las violencias, y por las más de 70 elecciones que se han celebrado en diferentes lugares del planeta. Quizás esa perspectiva pueda ser una buena definición de todo lo que nos acontece, a nivel global y local, pues parece que la paz y los valores democráticos necesitan más que nunca ser refrendados por una ciudadanía comprometida, movilizada y crítica.
Se ha cumplido un año de la última escalada de violencia de Israel en Palestina, que ha hecho temblar al mundo y a la que la ciudadanía española ha respondido con movilizaciones en todos sus territorios con unas demandas claras: la paz como único camino y la imperiosa necesidad de que el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea respetado, sin excepción. Junto a Palestina, y ahora Líbano, no podemos olvidar los conflictos que se extienden en el tiempo como Ucrania, Sudán o el Sahel. La realidad es que el planeta sufre el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial y millones de personas ven sus derechos más básicos cercenados. Los discursos belicistas, las ya tangibles consecuencias de la emergencia climática y el retroceso de derechos, han hecho que el número de personas desplazadas en el mundo alcance su cifra más alta de la historia; más de 117 millones, según ACNUR, siendo la mayor parte desplazadas internas.
Una realidad en la que es más necesaria que nunca la empatía y la cooperación entre pueblos, a pesar de que las organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos estén sufriendo en multitud de países como Nicaragua, Perú, Guatemala, Hungría, Paraguay, Palestina o Tanzania una persecución política, precisamente por su trabajo.
Se ha creado un caldo de cultivo perfecto para quienes quieren hacer proliferar las narrativas de odio, y el miedo se convierte en una herramienta potente de desinformación masiva; que se nutre muchas veces de la apatía e indiferencia de quienes callan ante estas lógicas discursivas. Ante esto, de nuevo, la paz, la justicia social y la solidaridad son los valores que deberían acaparar las portadas de los medios; esos principios que han edificado las sociedades modernas, en los que creemos y sobre los que queremos seguir trabajando. Los datos de la última encuesta del CIS, de septiembre de 2024, lanzan un mensaje esperanzador, pues más del 70% de las personas encuestadas aseguran que se deberían hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollarse a las regiones que sufren mayores desigualdades. Frente a los esfuerzos de algunos sectores, la solidaridad sigue siendo una seña identitaria de nuestros territorios.
Es desde ese prisma desde el que debemos reclamar una respuesta política a la altura de su ciudadanía, y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional, estatal, autonómico y local. Con un objetivo del 0,7% del PIB destinado a AOD para 2030, establecido en la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y en legislaciones autonómicas, la realidad de los presupuestos estatales y autonómicos dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en este 2024 es un vertiginoso recorte que pareciera amenazar con el desmantelamiento público de la cooperación. 10 de las 17 Comunidades Autónomas han congelado o recortado sus presupuestos destinados a AOD, la media del porcentaje destinado por las CCAA a AOD en 2024 se sitúa en el 0,12% y 6 de ellas destinan un presupuesto inferior al 0,06%.
Unas cifras poco alentadoras que motivan nuestra movilización como sociedad civil y ciudadanía activa para apostar por estrategias de incidencia y comunicación que hagan que los gobiernos autonómicos adquieran mayores compromisos, a nivel presupuestario y político. Algunos de ellos han marcado la senda a seguir, como Galicia con su Ley 10/2021 de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo, Euskadi con su Ley 3/2024 de Cooperación y Solidaridad, Extremadura con su Ley 3/2023 de Cooperación y Solidaridad Internacional, o sumando esfuerzos que, aunque todavía lejos de ese 0,7% (los mejores datos son del 0,35%), suponen un camino de incremento paulatino.
No debemos olvidar que las cooperaciones descentralizadas han sido históricamente una singular característica del sistema de cooperación español, y cuyo aporte de fondos públicos ha sido crucial para todas las entidades dedicadas a la cooperación, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global desde los enfoques feministas, de derechos humanos, ecologista y de paz. Una seña que debe volver a recobrar su importancia, permitiendo la articulación y participación social en las diferentes esferas y niveles.