Home > Incidencia > Día de las personas cooperantes: la relevancia de una política pública en un mundo con crisis extremas
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El planeta sufre el mayor número de conflictos (56) desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas ven sus derechos más básicos cercenados, mientras incrementan los presupuestos y discursos belicistas. Esto, junto a las consecuencias de la emergencia climática y el retroceso de derechos, ha hecho que se alcance el récord de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo: más de 117 millones, según datos de ACNUR; la mayor parte de ellas son desplazadas en sus propios países.

En tal contexto, el trabajo que realizan cooperantes junto a organizaciones locales es esencial para garantizar derechos básicos. A pesar de ello, la persecución a su trabajo está aumentando de manera preocupante: Nicaragua, Perú, Guatemala, Hungría, Israel o Tanzania son algunos de los países que han tomado medidas que persiguen el trabajo de las ONG.

Cooperantes: un trabajo con organizaciones de todo el mundo

El pasado mes de julio, se aprobaba el Estatuto de las personas cooperantes, que viene a sustituir al anterior, del año 2006. El nuevo marco legal mejora las condiciones laborales de los y las trabajadoras y sus familias, fortalece las medidas de seguridad o la extensión de la previsión social al personal voluntario, becario y que realiza prácticas no remuneradas en terreno. No obstante, tal como lo contempló el Consejo de Cooperación tiene cierto margen de mejora en cuestiones como ampliar los derechos de las personas voluntarias o fortalecer el deber de cuidado especialmente en situaciones de crisis. Aunque el personal local no es objeto de este Estatuto, el Consejo propone cuidarlo, protegerlo y evacuarlo, si fuera necesario, especialmente en situaciones de crisis o emergencia.

Según el último informe de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 612 personas (58 % hombres, 42 % mujeres) desarrollan su trabajo como cooperantes en las organizaciones socias de La Coordinadora. Su labor se extiende por 100 países en los que trabajan con 47 millones de personas. Desde Ucrania, Palestina y Chad, algunas de ellas advierten de la situación extrema que están sufriendo millones de personas, ponen en valor la incalculable labor de las organizaciones locales y demandan un mayor compromiso al Gobierno.