Hace unos días, la Confederación Europea de ONGDs  (CONCORD) lanzaba los resultados del informe AidWatch. Dicho informe nos presenta conclusiones alarmantes acerca de la Ayuda al desarrollo emitida por Europa. La Unión Europea disminuyó la ayuda en 2018, siguiendo con la tendencia ya observada en el 2017. Esto significa que, con este ritmo de crecimiento, lo UE solo alcanzará la meta de destinar el O,7% PIB para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el año 2061, muy por detrás de los plazos establecidos. Además, las cifras oficiales tienden a contabilizar como AOD partidas presupuestarias que no son tal, con lo que lo destinado a Ayuda real es aún menor de lo indicado.

En España, la situación es aún más alarmante, pues apenas destinamos un 1,8% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo, también contabilizada erróneamente. Por lo que en nuestro país tenemos un doble reto: aumentar enormemente la ayuda al desarrollo y acabar con la llamada “ayuda inflada” dejando de contabilizar lo que no repercute en el bienestar de los países en vías de desarrollo. Más allá de las cifras, no podemos no hablar de lo cualitativo, pues no solo importa el cuánto, sino también el cómo.

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En calidad de la ayuda también suspendemos y por ello instamos al nuevo Gobierno que está por conformarse en España, así como a las administraciones autonómicas y locales,  a hacer de la Ayuda Oficial al Desarrollo una línea prioritaria de trabajo,  con una partida presupuestaria mayor y la puesta en marcha de proyectos que huyan de la dependencia permanente y la descoordinación.

Es necesario que en esta nueva legislatura se camine hacia:

• La elaboración de un pacto de Estado de la Cooperación,  de manera que se garantice su continuidad a través de las legislaturas.
• Una hoja de ruta para alcanzar el 0,5% del PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo, como paso previo al 0,7% y huyendo de la ayuda inflada.
• Garantizar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad sea el principal objetivo de la Ayuda y no los fines estratégicos con unos u otros Estados.
• Fijar un sistema de intercambio y negociación entre las Administraciones Públicas y la Sociedad Civil.
• Elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible que garantice la coherencia entre los Derechos Humanos y el cuidado de nuestro planeta, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.