Desde REDESSCAN, la Red Canaria en defensa del Sistema público de Servicios Sociales denunciamos que en nuestro archipiélago:
SEGUIMOS SIN CONTAR con un Plan de lucha por la redistribución de la riqueza y la atención a la exclusión social. Ni se evaluó el Plan de lucha contra la pobreza desde 1998 hasta el 2008, ni la Estrategia de Inclusión que finalizó el 2015. La peor valoración es seguir contando con más de una de cada tres personas en nuestras islas, bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con todos sus miembros en desempleo; es decir en lista de espera de garantía de derechos y de Justicia social. Denunciamos la dedicación de herramientas miserables e ineficaces para la responsabilidad pública de redistribuir la riqueza y garantizar derechos sociales a todas las personas.
SEGUIMOS SIN CONTAR, tras 30 años de su elaboración , con el cumplimiento de la ley de servicios Sociales de Canarias, actualmente vigente y ninguneada. Sin financiación suficiente y estable, sin diagnóstico de la demanda y por tanto inadecuada oferta, tampoco tenemos un mapa de recursos sociales de la Comunidad Autónoma y por supuesto de cada isla y en proceso de desmantelamiento del sistema; que profundiza en la brecha de desigualdad de las islas.
SEGUIMOS SIN CONTAR, con Derechos sociales para todas las personas, garantizadas por la responsabilidad pública como obligación, muy al contrario cada vez con más respuestas neoasistencialistas, arbitrarias y con privatización de la filantropía y siendo residuales de la solidaridad de las unidades de convivencia que ya están extenuadas de esta tarea de las Administraciones.
SEGUIMOS SIN CONTAR, con unas Políticas sociales: Salud, educación, garantía de rentas, servicios sociales, empleo, vivienda… que hagan un ejercicio de transferencia y reparto justo de la renta y desarrollen los servicios públicos adecuados para garantizar los derechos y no como se está haciendo, dejación de las funciones de frenar que la desigualdad siga matando en el archipiélago, por omisión de las instituciones públicas de las diferentes administraciones. Financiación ridícula dedicada a la acción social en Canarias de 4 de cada 100 euros.Denunciamos la mercantilizacion de nuestro, poco desarrollado,estado del bienestar y la vuelta a la beneficencia como respuesta al aumento de la desigualdad y la pobreza.
SEGUIMOS SIN CONTAR, con un Plan de acción inmediata para las más de 924.000 personas en lista de espera para la garantía de sus derechos sociales y de Justicia social.
Para que a estas personas se les saque de esta sangrante lista de espera, volvemos a plantear las propuestas que exigimos:
- Garantía de derechos como obligación de las administraciones públicas y cobertura de necesidades básicas a toda la población de inmediato.
- Apelamos por la garantía de ingresos incondicionales, suficientes, fuera de la lógica del empleo y universales.
- Realización y puesta en marcha, con financiación suficiente, de un plan por la Justicia social y la redistribución de las rentas en Canarias.
- Financiación estable y suficiente de las Políticas Sociales en Canarias, priorizándolas frente a otros intereses particulares.
- Medidas de control del fraude fiscal y no apoyar los mecanismos de acumulación del capital que nos desposee a la mayoría de las condiciones de vida justas.
- Paguen por su irresponsabilidad y complicidades las personas e instituciones que aún estando obligados no desarrollan las acciones necesarias.
- Exigimos un pacto por la justicia social entre los distintos partidos políticos y agentes sociales de Canarias.
Canarias a 17 de Octubre de 2017