Según nuestro último informe Fotografía de las ONGD españolas, la plantilla laboral de las entidades que componen la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo – España asciende a 7.676 personas. De ellas, más del 63,4% trabaja en otros países, la mayor parte personal local.
Miles de personas sin las que sería imposible realizar los más de 3.600 proyectos y programas que llevamos a cabo en 105 países, principalmente en África y en América Latina y el Caribe. Proyectos y programas con los que acompañamos a 35 millones de personas para que puedan tener una vida libre de pobreza, hambre, explotación y violencias, para que puedan defender sus derechos y los de sus comunidades.
En la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo – España este año queremos aprovechar esta conmemoración para mostrar nuestra preocupación ante el cada vez mayor número de leyes e iniciativas en todo el mundo que restringen los espacios cívicos de participación de la sociedad civil u hostigan, persiguen o criminalizan a las organizaciones nacionales e internacionales de Cooperación para el Desarrollo y en favor de los Derechos Humanos.
Además, en los últimos años se ha producido un incremento de los ataques contra el personal humanitario. Entre 2007 y 2017, al menos 1.155 cooperantes han sido asesinados en todo el mundo. En este mismo periodo, se registraron 1.743 ataques contra organizaciones en los que 1.110 empleados resultaron heridos y 942 fueron secuestrados. La gran mayoría de las víctimas, el 85%, eran empleados nacionales de los países en los que trabajaban, ya sea para organizaciones internacionales o locales.
Sin derechos humanos, no hay desarrollo sostenible.
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A continuación reproducimos algunos testimonios de cooperantes que trabajan en condiciones muy adversas debido a las restricciones de derechos y libertades:
Guatemala
En estos momentos se están tramitando una serie de leyes que ponen en riesgo a diversos colectivos (niñez, adolescencia y juventud, originarios de zonas rurales y de barrios marginados y a las mujeres y la población LGBTIQ) y a las organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y a favor de los Derechos Humanos.
Son varias las iniciativas de ley restrictivas de derechos y garantías, propuestas entre 2017 y 2018, pendiente de votación en el Congreso:
1) Ley contra actos terroristas (Iniciativa 5239) y la Ley para el Combate de las Pandillas y Grupos Criminales Organizados de Alta Peligrosidad (Iniciativa 5266): contempla la creación de mecanismos para el espionaje, vigilancia y control masivo de movimientos sociales y organizaciones. Algunos de sus artículos criminalizan la protesta social y restringen la libertad de expresión. Afectaría a la defensa de los derechos humanos y, en especial, a la resistencia y protestas de los pueblos indígenas frente al despojo de territorios ancestrales.
2) Ley para la Protección de la Vida y la Familia (Iniciativa 5272): dificultaría el trabajo a favor de los derechos sexuales y reproductivos de niñez, adolescencia y juventud, especialmente mujeres. De ser aprobada esta iniciativa, se prohibiría la promoción de programas de educación sexual en las escuelas o aquellos que incorporen la “diversidad sexual o ideología de género”. Además niega y vulnera derechos específicos de las mujeres, especialmente de aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. Contempla penas de prisión para mujeres y niñas que hayan sufrido abortos espontáneos (artículo 10). Además, en varios artículos se afirma que la heterosexualidad es “lo normal” y que no es punible cualquier acto ofensivo o discriminatorio contra personas de la comunidad LGBTIQ.
3) Ley de Organizaciones No Gubernamentales para El Desarrollo (Iniciativa 5257): de acuerdo a la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS) esta norma “pretende alterar sustancialmente el régimen legal bajo el cual operan las expresiones organizadas de sociedad civil, cargando nuevas obligaciones y condiciones que ponen en entredicho estándares internacionales y derechos constitucionales al amparo de los cuales muchas organizaciones funcionan actualmente”. Así, “la propuesta normativa, está diseñada con el propósito de que el Estado pueda controlar y fiscalizar las actividades y recursos privados administrados por las ONG, y decidir en forma arbitraria, unilateral y antojadiza su cancelación o disolución, pues las propuestas normativas no son claras en cuanto a las razones, procedimientos, autoridad competente y recursos administrativos aplicables ante las múltiples alternativas que para la cancelación establece, siendo la recurrente el ‘atentar contra el orden público’ sin indicar en forma certera quién o qué entidad decidirá cuándo y cómo una ONG altera el orden público”. Esta normativa afecta tanto organizaciones locales como internacionales.
Responsable país de una ONGD española presente en Guatemala *
“Las luchas históricas de los pueblos originarios en Guatemala por la defensa de sus territorios, el aumento de la protesta social contra la corrupción y la impunidad en los últimos tres años, y la insistencia por alcanzar derechos fundamentales para toda la población guatemalteca en condiciones de igualdad y equidad, generan temor en los poderes tradicionales ante el riesgo de perder privilegios y riquezas obtenidos a fuerza de violaciones de derechos de las mayorías. Por ello, actúan contra cualquier iniciativa que busque revertir la desigualdad en el país. En muchas ocasiones, vinculándose a estructuras ilegales. Esto pone en un alto riesgo de criminalización, pérdida de la libertad e incluso pérdida de la vida, a defensoras y defensores de derechos humanos.
Las ONGD acompañamos estas luchas, a veces con muchas dificultades pues el contexto de crisis constante desgasta y ralentiza nuestro trabajo cotidiano. Sin embargo, es claro que nuestra mayor preocupación son los riesgos que corren personas y colectivos que defienden sus derechos. Quienes trabajamos desde esta cooperación solidaria, sentimos también temor por nuestra propia seguridad, pero son estas defensoras y defensores quienes nos dan cierta “fuerza temeraria” para continuar a su lado”.
Nicaragua
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una fuerte reacción popular contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el primer momento, la respuesta del Estado ha sido la represión mediante el uso de fuerzas policiales y parapoliciales.
Hasta finales de julio, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos había contabilizado 448 muertos y 700 desaparecidos. No existen cifras más actuales porque una semana después de presentar su último informe el secretario general y el equipo de investigación de esta organización tuvieron que exiliarse.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe a finales de agosto en el que denunciaba que se ha generalizado el uso desproporcionado de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. Días más tarde, el Gobierno de Ortega expulsó del país a la misión de esta instancia internacional.
Desde abril, 23.000 personas han huido a Costa Rica.
Elena Cayeiro Mancera, voluntaria internacional del programa VOLPA de Entreculturas:
“Salir de Nicaragua fue una de las decisiones más duras en mi proceso como voluntaria. Sentir que abandonaba de repente el país que me había acogido durante meses, que dejaba a su suerte a las personas con las que me había encontrado y con las que había compartido tantos momentos, con todo el dolor, el miedo y la rabia del conflicto que yo también estaba viviendo en mi piel. Hoy día no dejo de seguir de lejos todo lo que pasa, sé que continúa la violencia, y sé que es el pueblo el que sigue sufriendo. Lo que más se siente es la impotencia por no poder hacer nada.”
Gaza
El Gobierno israelí ha anunciado recientemente un nuevo endurecimiento del bloqueo ilegal sobre Gaza: cierre del principal paso comercial de la Franja, paralización de las importaciones de combustible y gas y presiones para la suspensión forzada de proyectos financiados por donantes internacionales: suministro de agua, provisión de atención sanitaria y saneamiento por valor de decenas de millones de dólares. Estas medidas implican, por ejemplo, que las familias agricultoras no podrán exportar sus cosechas o una mayor dificultad en el acceso a agua potable y al sistema de alcantarillado. Entre otras infraestructuras se ha bloqueado una planta desalinizadora que proporcionaría agua a 200.000 personas.
Alison Martín, responsable de Políticas y Campañas de Oxfam Intermón:
“Las medidas impuestas por el Gobierno israelí castigan a todos los habitantes de Gaza, incluida la población civil y los niños y niñas; personas que no han hecho nada para merecer este castigo.”
“La impunidad continúa siendo el principal obstáculo para la recuperación económica. Si no se rinden cuentas y se ejerce presión sobre todas las partes para que se permita la construcción y se promueva el desarrollo económico, las esperanzas de lograr progreso y justicia para la población palestina de Gaza son escasas.”
“Las organizaciones humanitarias presentes en Gaza hacemos un llamamiento inmediato a la acción para abordar las causas de esta creciente crisis, entre ellas exigir que se reviertan las recientes restricciones sobre las importaciones y exportaciones.”
“Condenamos la violencia contra la población civil de todas las partes, incluidos los disparos por parte de francotiradores israelíes sobre civiles palestinos y el ataque indiscriminado con cometas y globos incendiarios desde Gaza. Tanto el pueblo palestino como el israelí merecen la paz y vivir con dignidad, sin miedo a más violencia u opresión”.
Bolivia
El papel de las ONG internacionales ha cambiado significativamente en los últimos 10 años. El gobierno de Evo Morales ha regulado y controlado su presencia, sobre todo, de aquellas con lazos, orígenes o financiamiento de Estados Unidos. En algunos casos, se han llegado a producir expulsiones.
Este proceso ha tenido algunos efectos positivos como un mayor ordenamiento de las funciones de las organizaciones internacionales y nacionales o la la asunción de sus responsabilidades por parte del Estado de sus obligaciones en áreas clave como la educación, la salud o la reducción de la extrema pobreza y la pobreza. Ahora bien, en ocasiones se está utilizando para poner trabas y limitar o impedir el trabajo en ciertos temas que el Gobierno considera sensible.
Así, por ejemplo, la actual ley educativa y varias resoluciones ministeriales establecen que es responsabilidad exclusiva del Estado la formación del personal docente. Esto ha supuesto que muchas ONG internacionales y nacionales hayan tenido que abandonar sus proyectos de fortalecimiento de capacidades para docentes, pese a que las carencias pedagógicas continúan siendo una de las deficiencias estructurales más evidentes para poder alcanzar una educación de calidad.
Responsable país de una ONGD española presente en Bolivia *
“A pesar de los innegables avances que el país ha alcanzado, es importante enfatizar que los desafíos continúan. Aún existen brechas significativas en el cumplimiento de derechos de la ciudadanía, particularmente de los grupos más vulnerables: niñas, niños, mujeres, colectivos LGBT. Cuando las ONG unimos nuestra voz, como parte de la sociedad civil del país, para señalar esta situación, pareciera que nuestra voz contraviene los intereses políticos y gubernamentales, por lo que no interesa escucharla. Es ahí donde las medidas de control impulsadas por el gobierno dejan de tener un carácter regulador para ser ‘silenciador’ de una realidad apremiante llena de necesidades, vulnerabilidades e injusticias sociales”.
“En nuestro trabajo con las organizaciones socias locales vemos las grandes necesidades y vacíos existentes para garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y despatriarcalizadora así como para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. A diario nos encontramos, sin embargo, con tensiones para poder desarrollar un trabajo coordinado entre el Estado y las ONGs, lo que se traduce en la negativa gubernamental a la firma de convenios de colaboración, en contradicciones entre el discurso sobre el rol del Estado como titular de obligaciones y las flagrantes necesidades financieras y técnicas flagrantes o en resoluciones ministeriales que constriñen el quehacer de nuestras organizaciones desde el nivel comunitario hasta el nacional”.
Angola
Angola se independizó de Portugal en 1975, tras un largo conflicto. Poco tiempo después se inició un enfrentamiento entre distintas fracciones que habían luchado por la independencia que sumió al país en una guerra civil durante 27 años, hasta 2002.
El sistema burocrático angoleño es cerrado y muy protocolario, basándose en relaciones personales. Esto dificulta el trabajo de nuevos agentes y actores, como las ONG, cuyo trabajo se basa en la introducción de mejoras en el sistema.
La presencia de ONG internacionales no cuenta con un gran apoyo gubernamental. Muestra de esto son las dificultades administrativas para obtener visados de trabajo: se permite un único visado de residencia para un representante, el resto del personal expatriado debe entrar al país con visados temporales que solo pueden renovarse en el país de origen. Además, estas políticas de visados están sufriendo modificaciones y no siempre están claras ni las opciones ni los requisitos.
María Fradejas, coordinadora de proyecto-refugiados de Médicos del Mundo:
“Además de las trabas burocráticas, Angola posee unas leyes de inmigración y refugio inadecuadas que dificultan la labor de aquellas ONG que trabajan con comunidades migrantes y refugiadas y buscan la puesta en marcha de políticas de igualdad y derechos humanos.
Angola forma parte de los países que firmaron el Estatuto de los refugiados en la Convención de Ginebra de 1951. Este reconoce la asistencia, ayuda y asilo de las personas de acogida del mismo modo que si fuesen ciudadanos nacionales. A pesar de ello, es fácil encontrar, sin embargo, situaciones en las que no se les permite la libre circulación en el territorio, discriminación en el trato en las instituciones públicas de salud o intentos de repatriación forzosa. A principios de este año, por ejemplo, el Gobierno intentó forzar la repatriación de personas refugiadas a la República Democrática del Congo”.
Contactos:
Amanda Andrades González, responsable de Comunicación de la Coordinadora de ONGD
amanda.andrades@coordinadoraongd.org
Telf.: 695 940 370
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* Coordinadora ha decidido mantener el anonimato de estas dos personas.